En un Estado de Derecho se espera que la supervisión, control y erradicación de las actividades criminales corra a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a instancias o no de la Administración de Justicia, y siempre bajo normas de actuación y criterios concretos y sujetos a reglas; y siempre con el fin último de mantener el imperio de la Ley y proteger a los ciudadanos, función esencial del Estado democrático.
Por tanto es consecuente la negativa del actual Ministerio del Interior a permitir la intercesión de mediadores a sueldo de los promotores del “proceso de paz”, en cuanto que será el Estado el que decida cuándo se puede dar por liquidada a la organización criminal y por anulada su capacidad de hacer más daño. Algo que hoy por hoy el propio Ministerio del Interior no considera, por lo menos cuando en vez de Fernández Díaz habla cualquiera otro de sus hombres, en esta ocasión su número 2 Ignacio Ulloa, quien entiende que en la lógica de ETA la organización no puede disolverse o por lo menos no hasta haber afianzado la conquista de sus últimos objetivos políticos, lo que quiere decir que inexorablemente los terroristas volverán a emplear la violencia como medio de dominio político a nada que vuelva a remitir el actual y eufórico apoyo electoral a sus marcas políticas.
En cualquier caso, es ya un lugar común que a ETA no le interesa atentar hasta la celebración de las próximas autonómicas vascas. Lo que sigue sin estar claro es que antes de las mismas le interese anunciar su disolución sin contrapartidas referidas a los terroristas presos, el diálogo sobre una estructura política común entre País Vasco y Navarra y el reconocimiento, a través del sistemático olvido de la verdad histórica y la desfiguración del hecho criminal del terrorismo, de que los vascos necesitamos “la Paz” después de décadas de “violencia por ambas partes”.
Por eso es tan importante el trabajo que prepara en la actualidad el director vasco Iñaki Arteta sobre los “años de plomo” del terrorismo etarra, como es fundamental que en el Ministerio ocupado por el conciliador Fernández Díaz recuperen las formas debidas después de lo que parece un reencuentro con el principio de la realidad por parte de los responsables gubernamentales.
Ojalá sea así cuanto antes, a fin de evitar una mayor desprotección para una sociedad que se encuentra, en las actuales circunstancias, completamente inerme ante la realidad de la amenaza totalitaria de ETA y su actual hegemonía política.
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